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FUNDACIÓN CASER
personas con dependencia y las personas con discapacidad. Como se verá en seguida, no
basta con proporcionar los resultados totales a las preguntas de la encuesta. Es mucho más
interesante intentar explicar las opiniones que se manifiestan y qué tipos de personas man-
tienen unas u otras actitudes.
una encuesta promovida por la Fundación Caser en 2010 estima que alrededor de un 30%
de los hogares españoles registran al menos una persona en situación de dependencia (Véa-
se Antonio Flores Alba, “La práctica de la dependencia en los ciudadanos españoles, año
2010”, Actas de la dependencia, 01, marzo 2011, 92-103). El cálculo puede oscilar mucho, al
tratarse de un concepto difuso. Pero demuestra que no estamos ante una situación típica de
marginación. Los casos de dependencia afectan fundamentalmente a personas mayores, so-
bre todo mujeres. El sistema más común de ayuda es a través de una persona ajena al hogar
que acude al domicilio de la persona con dependencia. Solo el 31% de esos cuidadores po-
seen una titulación profesional. Se detecta un cierto rechazo de la atención que proporcionan
de manera interna las residencias.
Según la Ley de Dependencia de diciembre de 2006, la prestación económica por cuidados
en el medio familiar se considera como una medida excepcional. Sin embargo, la realidad ha
sido que esa fórmula se ha convertido en la más general. La razón es que los servicios públi-
cos de asistencia se han visto desbordados por los recortes de los gastos públicos durante
el último decenio de crisis económica. otra causa indirecta del malestar es que la aceptación
del sistema de prestación económica tiende a reforzar el grupo familiar. Eso es así en el mo-
mento en el que el desempleo se generaliza y se aleja también de la idea de marginación de
este tipo de labores. La prestación económica a la dependencia o discapacidad se considera
como un ingreso más del hogar, junto a la pensión, la indemnización por despido, la beca o
el paro. En ciertos casos se añaden las remuneraciones que se obtienen por las actividades
“sumergidas”, aunque este rubro sea casi imposible de averiguar.
La casualidad histórica hizo que la Ley de Dependencia se promulgase en el ápice de una
fase de bonanza económica. unos pocos meses después irrumpe una grave crisis econó-
mica, de la cual los españoles todavía no han salido del todo. tal circunstancia hizo que los
propósitos legislativos tropezaran con los inevitables recortes del erario. Lo cual precipitó
una gran frustración en los hogares que esperaban recibir unas ayudas algo más generosas.
La crisis económica obligó a matizar mucho la generosidad inicial de los servicios públicos
para atender las situaciones de dependencia o discapacidad. Ese era el modelo escandi-
navo, que resulta muy oneroso para el Fisco en un momento en el que se imponen fuertes
recortes en los presupuestos públicos. En consecuencia, se contempla otra vez al modelo
tradicional en el que se complementan las prestaciones públicas con la colaboración de los
hogares. Se revitalizan, además, las ayudas de las organizaciones no lucrativas, el sector de
los seguros privados y los sistemas de copago.
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