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SENSIbILIDAD DE LA PobLACIóN ESPAñoLA ANtE LAS PERSoNAS CoN DISCAPACIDAD

Con independencia del sexo, los entrevistados que se sienten temerosos de llegar a ser
personas con dependencia refuerzan más los enunciados que revelan prejuicios negativos.
una ilustración puede ser el efecto sobre el estigma genésico (“las personas con discapaci-
dad no deben tener hijos”). Lo sostienen el 40% de los varones temerosos de llegar a ser per-
sonas con dependencia. Compárense con el 30% de los que no expresan ese miedo. En el
caso de las mujeres los porcentajes todavía divergen más: el 24% y el 12% respectivamente.

El prejuicio positivo hacia las personas con discapacidad sobresale en los hogares más
afectados negativamente por la crisis económica. Por otro lado, los hogares bien situados
son los que emiten un prejuicio negativo más explícito hacia las personas con discapacidad.

Aun así, conviene matizar otra vez que, en todos los casos, las proporciones de prejuicio
positivo superan con mucho a las de prejuicio negativo. Esa es una constante a lo largo de
todo el análisis. Lo cual confirma, una vez más, la sospecha de la presencia de una especie
de “efecto halo” en torno al fenómeno estudiado. Es decir, se confirma la sospecha de la su-
misión a la “corrección política”. Aunque cabe también una conclusión más ingenua, a saber,
que la mentalidad general de los españoles ha avanzado hacia un nivel muy aceptable de
solidaridad con las personas con discapacidad. Sea como fuere, queda dicho también que lo
fundamental es la explicación de las variaciones de unas u otras actitudes, no tanto el “valor
facial” de los porcentajes que alcanzan.

A la vista de los resultados sobre el prejuicio, no es fácil determinar qué política de trata-
miento de la discapacidad o la dependencia sería la acertada. En la encuesta se plantean estas
dos opciones: basar ese tratamiento en ayudas públicas a los hogares concernidos o bien
proveer de servicios públicos asistenciales. Naturalmente, no son opciones excluyentes, pero
cabe establecer una política que elija preferentemente uno u otro camino. En España se ha
preferido la alternativa de ayudas económicas a los hogares con problemas de discapacidad o
dependencia. Es una solución administrativa más fácil, pero sobre todo parte de la idea de que
la población pueda considerar como “abandono” el recurso de las residencias o equivalentes.

Ahora bien, aunque el desiderátum sea la primacía de la atención de la dependencia o la
discapacidad en los hogares respectivos, ello no es siempre hacedero. Es claro, por ejemplo,
que son raros los hogares en los que conviven tres generaciones. Más aún, el tipo que se
expande es el de los hogares unipersonales. Son tendencias demográficas muy firmes que
no se pueden contrarrestar fácilmente con unas u otras ayudas en los casos de discapacidad
o dependencia. La opción de una prestación pública para atender los casos de dependencia
(no la de un servicio público) resulta más atractiva cuanto menor sea la edad de los entrevis-
tados. Esa correspondencia es firme con independencia del sexo de los entrevistados.

Sea cual fuere la política que se adopte ante estos problemas, lo que demuestra la encuesta
es que se debe aprovechar el ambiente dominante en la opinión de “prejuicio positivo”. No

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